El CONICET simplificó la creación de empresas tecnológicas mientras el Presupuesto 2027 abrió una nueva discusión sobre el financiamiento científico. Al mismo tiempo, la Argentina prepara su sistema sanitario ante El Niño, fortalece la futura operación del reactor RA-10 y reclama una evaluación ambiental sobre la explotación petrolera cercana a las Malvinas. Son noticias diferentes, pero plantean una misma pregunta: ¿puede el país transformar conocimiento y recursos naturales en desarrollo, soberanía y capacidad pública?
Una empresa tecnológica puede comenzar con una escena poco espectacular: una investigadora frente a un microscopio, un técnico calibrando un instrumento, un becario comparando datos o un equipo que lleva años intentando resolver un problema cuya aplicación comercial todavía nadie conoce.
No hay chimeneas, líneas de montaje ni balances. Tampoco clientes, inversores o campañas publicitarias. Sin embargo, allí comienza una fábrica.
Sus primeros insumos son preguntas, formación, tiempo y conocimiento acumulado. Solo después, algunas veces mucho después, aparecen una patente, una vacuna, una semilla resistente, un sistema de monitoreo, un nuevo material o una compañía capaz de convertir ese descubrimiento en un producto.
Esta imagen permite ordenar varias noticias que marcaron la agenda científica, tecnológica y ambiental argentina durante las últimas semanas. El CONICET aprobó nuevas reglas para facilitar la creación de empresas tecnológicas. El Gobierno presentó el proyecto de Presupuesto 2027. La CNEA firmó un acuerdo internacional para preparar la futura operación del reactor RA-10. El Ministerio de Salud comenzó a coordinar la respuesta sanitaria ante un episodio intenso de El Niño. Y una jueza federal ordenó detener preventivamente el desarrollo petrolero de Sea Lion, próximo a las Islas Malvinas, hasta que exista una evaluación ambiental argentina. Parecen asuntos separados. En realidad, hablan de una misma capacidad: la de conocer, prever, negociar y decidir.
Una puerta para salir del laboratorio
El nuevo reglamento para las Empresas de Base Tecnológica del CONICET busca reducir las trabas que dificultan el paso desde una investigación científica hasta una actividad productiva. Establece procedimientos más claros, plazos de evaluación, mecanismos de incubación, beneficios sobre licencias y servicios tecnológicos, y períodos de gracia para recuperar gastos relacionados con la propiedad intelectual.
Para recibir el reconocimiento de empresa tecnológica del organismo, al menos el 10% del capital deberá permanecer en manos de investigadores, personal de apoyo o becarios. El CONICET no será accionista ni administrará las compañías, pero podrá acompañarlas durante sus primeras etapas.
El cambio es importante porque muchos proyectos científicos quedan atrapados en una zona incierta. Poseen conocimientos valiosos, prototipos prometedores o patentes potencialmente aplicables, pero carecen de un marco institucional que permita atraer capital, organizar una empresa y acceder al mercado sin que los investigadores deban abandonar por completo el sistema científico.
El ecosistema de vinculación del CONICET reúne alrededor de 50 empresas tecnológicas, unas 1.000 solicitudes de patentes vigentes y aproximadamente 16.000 servicios tecnológicos de alto nivel prestados hasta 2024. No es todavía una escala capaz de modificar por sí sola la estructura económica argentina, aunque demuestra que la ciencia pública no se encuentra aislada de la producción. CONICET Vinculación Tecnológica y nuevo reglamento para empresas tecnológicas.
El problema aparece cuando el emprendimiento científico es presentado como sustituto del financiamiento estatal. Una empresa puede comercializar el resultado de una investigación, pero difícilmente pueda pagar todos los años anteriores de formación, experimentación e incertidumbre que hicieron posible ese resultado.
El capital privado suele ingresar cuando encuentra una patente, un prototipo o una expectativa de mercado. Antes de ese punto existe un territorio extenso donde no hay certezas ni rentabilidad asegurada. Esa etapa suele ser sostenida por universidades, organismos públicos y programas de investigación. Pretender cosechas sin financiar las semillas no constituye una política de innovación.
El Presupuesto 2027 y la diferencia entre aumentar y recuperar
El 15 de septiembre, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. La propuesta contempla un gasto total de 202 billones de pesos y fue elaborada bajo dos supuestos centrales: una inflación anual del 18% y un crecimiento económico del 4%.
El proyecto todavía debe atravesar el debate parlamentario y sus planillas sectoriales requieren un análisis detallado. Pero su presentación abrió una discusión que no puede resolverse comparando cifras nominales. Para determinar si la ciencia, las universidades o la política ambiental recuperarán capacidades será necesario contrastar cada partida con la inflación efectiva, el crecimiento de la economía y el deterioro acumulado durante los últimos años.
Ese punto de partida es exigente. El último informe del CIICTI y el Grupo EPC proyecta que la función Ciencia y Técnica caerá un 8,5% en términos reales durante 2026 y acumulará una reducción del 45,3% desde 2023.
El presupuesto científico representaría aproximadamente el 0,155% del PBI. Si se excluyen partidas clasificadas como científicas pero no vinculadas estrictamente con investigación y desarrollo, la proporción desciende al 0,149%. Ambos valores se encuentran muy lejos del 0,52% que establecía para 2026 la trayectoria de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Los salarios y las becas del CONICET habrían perdido alrededor del 40,5% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023. El presupuesto del organismo acumularía una caída real del 34,8% en tres años; la CNEA, del 39,7%; la CONAE, del 50,2%; y el INTI, del 54,1%. La Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación enfrenta una disminución todavía mayor, cercana al 88%. Informe presupuestario del sistema científico, agosto de 2026.
Por eso, incluso un incremento por encima de la inflación proyectada para 2027 podría resultar insuficiente para recomponer lo perdido. Recuperar no significa únicamente evitar una nueva caída. Significa restablecer salarios, reparar equipos, adquirir reactivos, financiar campañas de campo, mantener edificios y permitir que comiencen investigaciones que todavía no ofrecen resultados inmediatos.
La ciencia conserva durante un tiempo una apariencia de normalidad porque utiliza laboratorios construidos, instrumentos comprados y equipos formados durante años. Esa resistencia puede confundirse con una prueba de que el recorte no produce consecuencias. En realidad, los resultados presentes son frutos tardíos de inversiones pasadas. El Presupuesto 2027 permitirá saber si se pretende reconstruir esa capacidad o solamente administrar su deterioro.
El conocimiento permite anticiparse
El valor de la ciencia pública no se mide únicamente por las empresas, patentes o exportaciones que genera. También produce información, vigilancia y capacidad para actuar antes de que una amenaza se transforme en crisis.
El Niño ofrece un ejemplo inmediato. Los pronósticos indican que el episodio podría alcanzar una intensidad muy fuerte durante la primavera y el verano argentinos. Esto no significa que lloverá de manera uniforme ni permite anticipar con precisión cada inundación, pero eleva la probabilidad de excesos hídricos, anegamientos, problemas sanitarios y daños sobre la infraestructura.
En algunas regiones, las precipitaciones pueden favorecer a la producción agropecuaria. En otras, especialmente donde existen desagües insuficientes, cuencas degradadas o expansión urbana desordenada, la misma lluvia puede convertirse en una emergencia.
El 18 de septiembre, el Ministerio de Salud reunió a fabricantes de repelentes, distribuidores y cadenas de supermercados para anticipar un posible incremento de la circulación del mosquito transmisor del dengue, la fiebre chikungunya y otras arbovirosis.
La cartera sanitaria puso en funcionamiento una central que integra información epidemiológica, sanitaria y territorial en tiempo real. Las empresas, por su parte, informaron que poseen capacidad instalada para aumentar la producción de repelentes y que comenzaron a abastecer la pretemporada.
Todavía no existe un aumento confirmado de casos relacionado con El Niño. La noticia relevante es otra: una advertencia climática empezó a traducirse en organización sanitaria y productiva. Ministerio de Salud.
La diferencia entre pronosticar y prevenir reside precisamente allí. Una alerta meteorológica puede anticipar un riesgo, pero solamente se convierte en protección cuando activa decisiones: limpiar desagües, reforzar la vigilancia epidemiológica, preparar hospitales, asegurar insumos y coordinar a los distintos niveles del Estado.
Un pronóstico sin capacidad de respuesta puede terminar convertido en la explicación anticipada de una tragedia que no se evitó.
Investigar lo que todavía no tiene mercado
La experiencia reciente con la influenza aviar H5N1 muestra otra dimensión del mismo problema. Investigadores del CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria analizaron lobos y elefantes marinos afectados durante el brote registrado en la Patagonia en 2023.
El estudio encontró que el virus atacó principalmente el sistema nervioso, detectó lesiones cardíacas y confirmó por primera vez en un mamífero silvestre la transmisión de la madre al feto a través de la placenta.
La investigación se realizó sobre cuatro animales, por lo que sus resultados deben interpretarse con prudencia. No prueba la transmisión a seres humanos ni permite conocer por sí sola la extensión del fenómeno. Pero sí modifica los criterios de vigilancia: durante el brote, los análisis se concentraban inicialmente en las vías respiratorias y podían producir falsos negativos. El nuevo conocimiento indica que también deben estudiarse tejidos cerebrales y otros órganos.
El valor de este trabajo no reside en una rentabilidad comercial inmediata. Consiste en proteger la fauna, mejorar la detección temprana y preparar al sistema sanitario frente a un virus capaz de atravesar barreras entre especies. La experiencia argentina ya fue incorporada a la elaboración de una guía internacional para responder a brotes en mamíferos marinos. Investigación publicada en Veterinary Pathology y síntesis del CONICET.
El mercado puede fabricar un medicamento o comercializar una tecnología cuando existe una demanda identificable. Pero difícilmente sostenga durante años la vigilancia de un patógeno que todavía no representa un negocio. Esa es una de las funciones insustituibles del conocimiento público: investigar antes de que el problema sea rentable.
El RA-10 y la paciencia tecnológica
Durante la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, realizada en Viena, la CNEA firmó un memorando de entendimiento con la organización nuclear australiana ANSTO.
El acuerdo contempla cooperación en operación de reactores de investigación, técnicas de dispersión de neutrones, capacitación e intercambio de información. Su importancia se vincula con la futura puesta en funcionamiento del RA-10, el reactor multipropósito que la Argentina construye en el Centro Atómico Ezeiza.
El RA-10 podrá producir radioisótopos destinados a diagnósticos y tratamientos médicos, realizar ensayos sobre materiales y combustibles, generar silicio dopado para aplicaciones electrónicas y ofrecer servicios de investigación mediante técnicas neutrónicas.
El memorando no equivale a la puesta en marcha del reactor ni resuelve sus necesidades presupuestarias. Aporta, sin embargo, una dimensión indispensable: conocimiento operativo, formación de personal y cooperación con una institución que administra el reactor australiano OPAL, construido con tecnología argentina de INVAP. CNEA.
La relación posee una particularidad valiosa. La Argentina exportó un reactor a Australia y ahora puede aprovechar la experiencia acumulada por su operador para preparar una nueva instalación nacional. El conocimiento no circula en una sola dirección: se construye mediante asociaciones, aprendizajes y relaciones sostenidas.
Así funciona la tecnología compleja. No aparece por decreto ni nace de una inversión aislada. Requiere décadas de continuidad, instituciones especializadas, técnicos experimentados, proveedores, sistemas regulatorios y cooperación internacional.
El RA-10 puede convertirse en una plataforma de salud, ciencia, industria y exportación de servicios. Para lograrlo necesita algo más que terminar una obra: debe integrarse con INVAP, universidades, hospitales, empresas tecnológicas y una estrategia comercial capaz de colocar productos argentinos en otros mercados.
El Atlántico Sur y el derecho a conocer el riesgo
La discusión sobre conocimiento y capacidad estatal también llegó al Atlántico Sur. El 16 de septiembre, la jueza federal Mariel Borruto ordenó detener preventivamente el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, hasta que las autoridades argentinas puedan realizar una evaluación ambiental.
La cautelar alcanza perforaciones, instalaciones marítimas y obras portuarias vinculadas con la explotación. La presentación judicial fue impulsada por abogados ambientalistas y veteranos de la guerra de 1982, quienes advirtieron sobre riesgos de contaminación química, ruido submarino, tránsito de embarcaciones y derrames de petróleo.
El cumplimiento efectivo de la decisión es incierto. Las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration no reconocen la jurisdicción argentina sobre el área y anticiparon que continuarían con el proyecto, cuya producción comercial está prevista para 2028. La propia resolución reconoce que su aplicación dependerá de la cooperación internacional y de la conducta de las compañías. Associated Press.
Sin embargo, el caso plantea una cuestión que excede la eficacia inmediata de la cautelar. La soberanía no consiste solamente en afirmar que un recurso pertenece al país. También implica conocerlo, evaluarlo y establecer las condiciones bajo las cuales puede ser explotado.
Sin oceanografía, información satelital, capacidad regulatoria y estudios ambientales independientes, la reivindicación territorial corre el riesgo de quedar reducida a una declaración diplomática. Defender los recursos del Atlántico Sur exige comprender el ecosistema, monitorear las actividades económicas y demostrar los posibles daños con evidencia científica.
En este punto se encuentran la CONAE, el futuro satélite SABIA-Mar, los institutos oceanográficos, las universidades, el CONICET y los organismos ambientales. La soberanía territorial depende cada vez más de una soberanía del conocimiento.
La política industrial del siglo XXI
La discusión no debería reducirse a elegir entre ciencia básica y aplicación productiva, ni entre Estado y mercado. Las tecnologías contemporáneas se construyen mediante redes más complejas.
El Estado forma investigadores, sostiene laboratorios, financia proyectos inciertos y establece misiones estratégicas. Las universidades producen conocimiento y capital humano. Las empresas aportan inversión, organización, acceso a mercados y capacidad para ampliar la producción. Los técnicos conservan saberes que no siempre aparecen escritos en manuales. Los organismos ambientales y las comunidades incorporan información territorial, control y legitimidad. Cuando una de esas partes desaparece, la cadena se debilita.
La Argentina ya demostró que puede articularlas. La tecnología nuclear, los radares, los satélites, la biotecnología agropecuaria, la producción de radioisótopos y numerosas empresas científicas no surgieron de una oposición entre iniciativa pública y privada. Fueron el resultado de combinaciones construidas durante décadas.
INVAP es el ejemplo más conocido: una empresa pública provincial que convirtió conocimientos desarrollados alrededor de la CNEA y el Instituto Balseiro en reactores, radares y satélites exportables. Su historia demuestra que la soberanía tecnológica no exige que el Estado fabrique todo ni que el mercado decida solo. Requiere una arquitectura capaz de unir investigación, ingeniería, producción, financiamiento y demanda estratégica.
El nuevo reglamento del CONICET puede facilitar experiencias semejantes en biotecnología, salud, inteligencia artificial, nuevos materiales o tecnologías ambientales. El RA-10 puede ampliar la producción de radioisótopos y servicios científicos. Las herramientas climáticas pueden mejorar la agricultura y la prevención de desastres. Los satélites pueden observar el mar, anticipar inundaciones y vigilar los recursos del Atlántico Sur. Pero ninguna normativa puede reemplazar a los investigadores que emigran, los laboratorios que dejan de comprar insumos o los proyectos que no alcanzan a comenzar.
El país que compra y el país que aprende
La Argentina siempre necesitará importar tecnologías. Ningún país produce todo lo que consume, y pretender una autosuficiencia absoluta sería tan costoso como irreal. La dependencia aparece cuando importar deja de ser una elección y se convierte en la única alternativa disponible.
La soberanía tecnológica no significa cerrar las fronteras. Consiste en conservar capacidades para comprender una tecnología, adaptarla, negociarla, controlarla y decidir en qué áreas estratégicas conviene producirla. Por eso una empresa científica vale más que su facturación. Puede retener investigadores, crear proveedores, resolver problemas locales y mejorar la posición negociadora del país. Un laboratorio público vale más que la suma de sus publicaciones: forma personas, conserva memoria técnica y permite reaccionar frente a amenazas que el mercado todavía no considera rentables.
Una evaluación ambiental también es tecnología política. Permite decidir con información en lugar de aceptar que los hechos consumados sustituyan a la deliberación. Un sistema de vigilancia epidemiológica es infraestructura sanitaria. Un pronóstico climático es una herramienta productiva. Un reactor de investigación es, al mismo tiempo, una instalación científica, una plataforma industrial y una pieza de la política exterior.
No se trata de saber cuántas empresas pueden surgir del CONICET, cuántos radioisótopos producirá el RA-10 o cuántos recursos existen alrededor de las Malvinas. El tema es si habrá un sistema institucional suficientemente sólido para vincular esas capacidades y sostenerlas durante los próximos veinte años.
El nuevo reglamento abre una puerta necesaria. El Presupuesto 2027 deberá demostrar si detrás de esa puerta todavía existe una casa. Porque el conocimiento puede transformarse en empresas, exportaciones, prevención y trabajo calificado. Pero antes necesita tiempo, instituciones y recursos para existir.
Un país que debilita la fábrica invisible donde nacen sus tecnologías termina comprando, más tarde y más caro, las soluciones que dejó de producir. Y una nación que pierde la capacidad de conocer sus recursos también reduce, silenciosamente, su capacidad de decidir sobre ellos.