El modelo libertario actual evidentemente se encuentra agotado, ofreciendo únicamente una recesión interna prolongada y –por lo menos– la amenaza de una inminente inestabilidad política. En efecto, la política económica de la administración actual profundiza la recesión mediante la caída de la actividad por falta de estímulos, el desplome del poder adquisitivo del salario promedio, la liberalización y desregulación de importaciones de bienes terminados, y la consecuente reducción de la recaudación fiscal. La percepción generalizada es de un modelo paralizado, sin iniciativas novedosas, lo cual se traduce socialmente como angustiante.
A través de la repetición de eslóganes, el oficialismo ha logrado transformar ideas como el equilibrio fiscal [Orden Fiscal] y la «condena a la clase política o casta» en un nuevo sentido común aceptado incluso por sectores de la oposición. Si el eje de la narrativa oficial se centra además en el equilibrio macroeconómico y la promesa de un cambio estructural profundo frente al “dolor inicial” de las medidas de ajuste; la crítica precisamente debe ser asimismo estructural [analizando reglas, sistemas, dinámicas y bases profundas].
Llamativamente, la oposición acepta los argumentos del gobierno actual debido a la culpa por la alta inflación de 2023 [170% acumulada a noviembre, ya que el índice de diciembre de ese año corresponde imputarlo enteramente a la gestión de Milei, como efecto de su importante devaluación (118%) y la generación de expectativas especulativas sobre ‘acomodamiento de precios “rezagados”].
De cualquier modo, justo es destacar que aquel último año de la gestión Alberto Fernández, estuvo marcado por la prolongada sequía que mermó sustancialmente el ingreso de divisas; la suba de los costos energéticos a causa de la guerra desatada en Europa oriental; las exigencias astringentes del FMI y, a pesar de esos condicionantes, la decisión de priorizar la actividad económica con clásicas medidas keynesianas (estimular la demanda agregada), tan aborrecidas y difamadas por la actual gestión «anarco-libertaria».
Sin embargo, esa “culpa” no justifica avalar la idea de que el único camino ahora es el «ajuste» (sempiterno sonsonete de la derecha neoliberal). Desfinanciar bienes preferentes como la salud, (hospitales, campañas preventivas, programas Remediar y a PAMI) la educación (salarios docentes por debajo de la pobreza, sin inversión patrimonial), la ciencia y tecnología (cesar investigaciones de organismos como CONICET, INTA, INTI, etc.), recortar aportes a las provincias (prestaciones por discapacidad, jubilaciones y seguridad) y abandonar la obra pública (infraestructura vial, etc.), como ha hecho en toda la gestión el gobierno «libertario», no es buscar el equilibrio macroeconómico, sino una decisión política inoperante y destructiva que generará inexorablemente mayores costos de reparación a futuro y un fenomenal aumento del endeudamiento interno y externo.
El verdadero equilibrio fiscal no puede ser solo recortar, sino que depende de una recaudación sana vinculada al nivel de actividad económica (PIB). Desde esta perspectiva, la estrategia oficialista genera un círculo vicioso: el ajuste excesivo profundiza la recesión, lo que desploma la recaudación y obliga a realizar nuevos recortes que afectan funciones básicas como las jubilaciones. Esto se lee claramente en el proyecto de presupuesto 2027 sometido por el Ejecutivo y en proceso de tratamiento legislativo ahora.
Finalmente, se advierte sobre el fuerte impacto recesivo en la industria manufacturera [sector productivo con mayor valor agregado promedio], que drena posiciones vacantes (360.000 puestos perdidos), menores salarios, ampliaciones desistidas, etc., por ello, sería conveniente que la dirigencia opositora deje de convalidar la propaganda del gobierno, argumentando que no existe un equilibrio fiscal real sin una dinámica económica virtuosa y sostenible.
Por lo demás, no es veraz el mentado “equilibrio fiscal” tampoco desde el aspecto financiero, ya que las autoridades monetarias Caputo-Bausili [Tesoro Nacional, BCRA] no paran de emitir bonos a altas tasas reales de interés, y capitalizables [tienen un efecto similar a emitir dinero], con lo que incrementan el llamado déficit «cuasi fiscal».
En otras palabras, además del Tesoro [Ministerio de Economía], el Banco Central emite deuda (como pasivos remunerados, pases o letras) para absorber pesos del mercado y paga intereses por ellos. Todo esto queda afuera del resultado operativo al darlo a publicidad, como déficit o superávit, por eso, cuando se anuncia déficit “0”, sin considerar estos pasivos y sus amortizaciones, se trata de una falacia.
Ante este escenario, un futuro gobierno popular se enfrentará al desafío de sostener las funciones esenciales del Estado y reconstruir la moneda [devolverle su valor, estabilidad y las funciones básicas que ha perdido —como servir de reserva de valor y unidad de cuenta—, después de un contexto de alta inflación, y en nuestra economía bimonetaria (preferencia de ahorrar en dólares)]. Para lograrlo, será fundamental implementar una Reforma Impositiva que redefina quiénes y como proporcionalmente soportarán la Carga Tributaria.
El objetivo principal del gobierno actual no es el equilibrio fiscal, sino la reducción del gasto público para bajarle los impuestos a los sectores más ricos (como Bienes Personales, suntuarios, cargas patronales o retenciones) como efectivamente ya ejecutó, y eliminar los subsidios de todo tipo a la población en general, a fin de obtener saldos para pagar deudas, especialmente los compromisos externos. Esta quita de recursos no afecta a “la casta” (más bien; la favorece), sino al habitante promedio, provocando –además del recorte de subsidios que implica aumentos de tarifas de todo servicio– un fuerte desfinanciamiento en áreas esenciales como las citadas ut supra.
Indudablemente, se trata de un gobierno clasista, donde los medios hegemónicos que acompañan la gestión oficial, intentan naturalizar la pérdida de derechos, como una «fatalidad inevitable», representando «el triunfo de la burguesía en la lucha de clases».
En la sociología y economía política, cuando se habla de que la burguesía triunfó, se refiere a que los valores, la moral y la lógica del sistema capitalista se convirtieron en la norma cultural y global. Bajo esta perspectiva, el éxito personal, la acumulación de riqueza y el mercado libre se normalizaron como el orden “natural” de las cosas.
En un contexto geoeconómicamente favorable para el país, como es el actual (los términos de intercambio son benéficos debido a la alta demanda de los productos exportados que los revalorizó), y, si la voluntad estratégica de un imperioso gobierno popular, es estabilizar sanamente la macroeconomía, es perfectamente posible mantener el equilibrio fiscal sin recortar el gasto público, pero para ello se debe modificar la estructura impositiva aumentando los impuestos a los sectores con mayor poder adquisitivo, tal como apuntamos más arriba.
La teoría económica keynesiana, nació del propio liberalismo, para resolver las recesiones mediante el impulso de la demanda agregada, donde el gasto público es la herramienta más inmediata que tiene un gobierno para reactivar la economía. No se trata de ningún estatismo religioso, tal como pretenden estigmatizar los ultraliberales. Y sus beneficios han sido verificados en numerosos países y en todas latitudes.
Sus herramientas son rápidas e idóneas para romper los círculos viciosos recesivos y salir del estancamiento. Sin embargo, se advierte que expandir el gasto sin una recaudación previa (ex ante) —confiando solo en la emisión monetaria o en que la actividad económica financiará el déficit a posteriori— es una estrategia cómoda que evita confrontar con los sectores de poder (¿estilo socialdemócrata del progresismo?), pero que está destinada al fracaso.
No retirar ese dinero mediante impuestos genera una inflación elevada que termina destruyendo la planificación del desarrollo y deslegitimando al propio gobierno popular. De allí que sea menester una reforma basada en nuevas relaciones de poder.
Esta tarea requerirá de una fuerte voluntad política, un rumbo claro y una comunicación diaria con la población, dado que los sectores opositores tienen un gran poder para generar contra discursos, que distorsionan la percepción de la realidad de importante porción de la ciudadanía. En nuestra opinión, las administraciones peronistas nunca se destacaron por tener eficientes políticas de comunicación, especialmente porque no se han desarrollado estrategias específicas (ni ocupado con intensidad de la época) de las vías digitales, que hoy, son esenciales para escuchar, interactuar e informar a la ciudadanía.
Concluyendo
En las últimas horas, y ante el inminente (e inevitable) anuncio de que estadísticamente [formalmente] estamos en recesión, el Banco Central (BCRA) emitió su último Informe de Política Monetaria (IPOM), donde asegura que las condiciones monetarias ya no son un obstáculo para la economía, aunque la reactivación del consumo y de la actividad general todavía no se refleja en la calle.
Las causas de las “buenas nuevas” serían: Más pesos en circulación: crece la base monetaria por una mayor demanda de dinero del sector privado; Tasas de interés bajas: las pasivas ya son negativas y a corto plazo se estabilizaron cerca del 20% nominal anual; Rebote gradual del crédito: los préstamos al sector privado (en $ y U$D) mejoran, y la mora de las familias empezó a bajar y; Mayor Ingreso de dólares corporativos: son parte de los títulos de deuda de las empresas (15.700 millones s/19.400 millones de dólares).
Ahora bien, aun dando crédito a estos datos (bajo la administración de Santiago Bausili, la institución no demostró ser muy confiable), por lo que nos surge la gran incógnita: aunque el BCRA proyecto un repunte de la actividad para el último trimestre del año, promesa tan reiterada como incumplida por parte del tándem Mieli-Caputo-Bausili, nos interrogamos cuándo y cómo ese alivio financiero llegará al consumo de las familias.
Relativizando esas lábiles promesas y para realmente escapar de esta funesta coyuntura [pero autoinfligida por los responsables de administrar el país, obnubilados por un ideologismo extremo, y su consecuente ausencia de todo pragmatismo], se impone un cambio de rumbo por la vía democrática.
La alternativa en nuestra opinión debe ser distributiva, de Justicia Social, para aliviar tensiones artificiosamente encumbradas (en muchos casos). Los sectores de mayor poder adquisitivo deberán soportar un aumento en la carga tributaria, que de cualquier manera es –medida en los estándares de la OCDE– bastante inferior al promedio de los países desarrollados o en vías de (no «alta presión impositiva» como arteramente se difunde y logra calar en la falsa consciencia del mediopelo argentino).
Como anticipamos arriba, debe ser un gobierno empoderado popularmente, para dar esa considerable disputa política. La matriz recaudatoria fiscal, refleja siempre las relaciones de poder de una sociedad.
Por otra parte, es sabido que, al expandir el gasto, se requiere compensar el excedente de dinero inyectado con retención impositiva progresiva, a fin de evitar el efecto inflacionario que el mayor circulante produce. Si ello ocurre, afecta los incentivos para el desarrollo productivo, amén de deslegitimar la política económica del gobierno popular que la impulse.
Insistimos, un buen acompañamiento de la sociedad [que garantiza el éxito de cualquier reforma y proyecto], se endosa [el consenso social resulta sostenido] si existen comunicaciones transparentes, completas y fluidas entre las autoridades y aquella, especialmente en el ecosistema digital y con militancia territorial [puerta a puerta], para disputar con eficacia el sentido común. Ese es el desafío del próximo régimen democrático.
Octubre de 2026
